LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

 

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El código penal ha sido reformado en 2015 y ha introducido de manera clara en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Marco normativo anterior, ahora desarrollado: era la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, introdujo en la legislación penal española una de las modificaciones más sustanciales en el derecho penal empresarial desde la aprobación del Código Penal de 1995.

No obstante, ahora con la reforma se ha reforzado la responsabilidad penal corporativa. El nuevo marco normativo supone que la “nueva” responsabilidad penal de las personas jurídicas tendrá que adaptarse. Parce ahora indispensable la empresa disponga de un plan de compliance para afrontar los nuevos riesgos penales a los que se enfrentan las empresas en España.

La nueva normativa supone, y requiere, una mayor participación de los administradores en el control interno de la empresa. Supone, además, la implantación de protocolos y sistemas de prevención para ayudar a prevenir potenciales actuaciones ilícitas, relacionadas con la empresa, que puedan suponer un perjuicio para la misma o para sus administradores. A todo ello, se suma la necesidad de toda empresa de protegerse del riesgo reputacional que implican los procedimientos penales dirigidos contra ella.

En conclusión, son numerosos los conflictos de interés que pueden surgir en las sociedades y por ello cada vez más abogados ponemos a disposición de las empresas nuestros servicios de asesoramiento al Consejo, mediante una pluralidad de instrumentos, como son la verificación objetiva (por parte de un tercero técnico-legal) de los esquemas de retribución, la elaboración de protocolos de buen gobierno, la revisión de los seguros de responsabilidad civil, entre otros.

Así, resulta imprescindible verificar como mínimo las siguientes cuestiones:

  1. Responsabilidad penal de los socios y administradores.
  2. Supervisión del funcionamiento del Órgano de Administración
  3. Implantar de modelos de prevención de delitos adecuados a la actividadespecífica de la empresa.
  4. Códigos de Conducta y Protocolos de Buen Gobierno Corporativo
  5. Verificar los esquemas de retribución de administradores y loscolaboradores de los mismos.
  6. Auditoría de seguros de responsabilidad civil de administradores.

7. Gestión del fraude para lo que se elaboran Manuales Anticorrupción específicos para cada empresa y dentro de ámbito de actividad, o actividades de cada empresa.

Tampoco se trata de un mero control de transparencia y una mera cuestión de ética empresarial. Se trata, de que tanto la actividad de la empresa como la ética corporativa de la misma, tiene una obligación de exteriorizarse al mercado, ambas son aspectos que la empresa debe de incorporar a su marca. Ahora, las citadas obligaciones son también normas de obligado cumplimiento que pueden desembocar en una situación de responsabilidad penal de la empresa que es imprescindible prevenir.

Conscientes de esta evolución de responsabilidad, los abogados aportamos de manera independiente, todo un catálogo de servicios que ayudarán a l empresa, independientemente de su tamaño, a adaptar su estructura y su funcionamiento a los nuevos principios legales. Requisitos hoy en día indispensables para tener éxito en la expansión internacional, las licitaciones públicas o la consecución de financiación externa. No se trata de acciones complejas, pero son acciones que tienen un gran impacto en el desarrollo y la reputación de cada empresa. Hoy resulta indispensable que cada empresa demuestre que es responsable con la sociedad y con su entorno.

El cumplimiento del nuevo marco normativo exige además una y gestión de riesgos diferente de la mera gestión de riesgos tradicional.

En suma, el nuevo contexto normativo y el aumento de las penalizaciones por incumplimiento convierten en obligación para cualquier empresa contar con un sistema de vigilancia del cumplimiento de las leyes y regulaciones relativas a la actividad específica desarrollada, como contar con modelos de prevención de blanqueo de capitales. Asimismo, la globalización del comercio y la inestabilidad de los mercados financieros obligan a una valoración de riesgos diferente a los modelos tradicionales.

Toda empresa deberá de contar con unos manuales adaptados al cada modelo de negocio concreto y, así disponer, como mínimo de los siguientes instrumentos:

  1. Protocolo-manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  2. Protocolo-manual de prevención contra la Financiación del Terrorismo.
  3. Protocolo-manual Protección de Datos.
  4. Informes de Cumplimiento Normativo por sector.
  5. Modelos de gestión de riesgos aplicado a los diferentes entornos deactividad societaria.
  6. Informe general de riesgos graduado en tres o más escenarios posibles.

Novedades introducidas por la LO 1/2015:

La reforma que es objeto de comentario modifica fundamentalmente el art.31 bis (EDL 1995/16398) ya que el resto de preceptos mantiene su redacción original con leves modificaciones.

• En el art.31 bis 1: Apdo. a y B, (EDL 1995/16398), de nueva redacción y que sustituye al antiguo art.31 bis 1, se modifican los criterios de transferencia de responsabilidad entre la persona física y la jurídica.

• En el art.31 bis 2: de nueva redacción, se establecen los criterios de exención en el caso de personal directivo (altos cargos) y haciendo referencia a los requisitos en función de los cuales pueden tener eficacia los “Compliance Programs”

• En el art.31 bis 3: se especifica esta misma cuestión en relación con las empresas de pequeñas dimensiones, aquellas que según la legislación mercantil están autorizadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias de forma abreviada.

• En el art.31 bis 4: de nueva redacción, se establecen los criterios de exención en el caso de empleados.

• En el art.31 bis: de nueva redacción, se establecen los requisitos que han de cumplir los requisitos que han de cumplir los “Compliance Programs” para entender que son eficaces e idóneos.

• En el art.31 Ter: se reproduce el anterior art.31 bis, apartados 2 y 3 sin modificaciones. En el art. 31 Ter 1 se posibilita el castigo de la persona jurídica aunque la persona física no haya sido individualizada o no se haya podido seguir el procedimiento contra ella. También se regula la necesaria proporcionalidad en las multas caso de condena conjunta. En el art.31 Ter 2 se establece la autonomía entre persona física y jurídica para circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o que agraven su responsabilidad, así como a que la persona física haya fallecido o se hubiere sustraído a la acción de la justicia, lo que no impedirá la persecución y castigo de la persona jurídica.

• En el art.31 quáter: referido a las circunstancias atenuantes, se reproduce el antiguo art.31 bis. 4 sin modificaciones.

• El art.31, quinquies, reproduce el art.31 bis 5, pero añade un Apdo. 2, referido a las sociedades mercantiles públicas a quienes se les limita las penas de posible imposición salvo que “el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o empleados con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal”, el llamado levantamiento del velo.

• En el art.66: se establece una limitación temporal de dos años en las penas establecidas en las letras c) a g) del Apdo.7 del art.33 CP. Suspensión de sus actividades, clausura de locales y establecimientos, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. También para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores. Todo ello, cuando se imponga la responsabilidad penal a la persona jurídica por los actos de los directivos y altos cargos derivada del incumplimiento de los deberes de vigilancia y control que no tenga carácter grave.

Por último, recordar que la regulación inicial de 2010 excluía la responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos referencia que ya fue suprimida en 2012. Subsistiendo la controvertida responsabilidad penal de las sociedades mercantiles estatales que ha sido matizada.

Fdo. Reinaldo López López. Abogado del ICAM

Adjuntamos PDF de la siguiente documentación:



Categorías:Artículos Jurídicos

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